PIMEComerç y Foment Comerç alertan del cierre del 70% de empresas del sector comercial, restauración y servicios si no se aprueban medidas de urgencia económica

PIMEComerç y Foment comerç, en representación del sector empresarial, arremeten duramente contra las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros y alertan que, sin la suspensión inminente del pago de los impuestos y el acceso total y rápido al crédito, el 70% de las empresas se verá abocado a presentar preconcurso, o en su caso concurso, de acreedores. El sector comercial ha sufrido, por intervención pública, un cierre casi absoluto, y debe ser el sector público el que dote de las herramientas necesarias para impedir la muerte de este tejido productivo.

Miércoles 25 de marzo de 2020. - Las medidas presentadas ayer por el Gobierno son del todo insuficientes para superar la falta de liquidez a la que tienen que hacer frente las empresas en una situación de suspensión total de la actividad. El sector comercial reclama al sector público que responda de inmediato con la suspensión inminente del pago de los impuestos, especialmente en relación a las liquidaciones tanto mensuales como trimestrales del IVA, IRPF, Sociedades, cotizaciones a la Seguridad Social y cuotas de los autónomos, sin límite. Es el tejido productivo el que genera riqueza, prosperidad y empleo y, en concreto, el sector comercial participa con el 13% del PIB en la economía española y el 17% del total de afiliados de la seguridad social trabaja en comercio, cifra que podría llegar al 22% si tenemos en cuenta los puestos de trabajo que se generan indirectamente. 

Si el gobierno no reacciona rápidamente, el 70% del tejido comercial, formado por pequeñas y medianas empresas, se verá obligado a presentar preconcurso, o en su caso, de acreedores, lo que supondrá el cierre de decenas de miles de establecimientos comerciales, impagos definitivos a los  proveedores,  pérdida de ingresos públicos vía impuestos (IVA, IRPF, Sociedades, cotizaciones a la  seguridad social y cuotas de los autónomos), y centenares de miles de personas al paro. Esta situación de riesgo de muerte del sector comercial supone, además, un peligro de quiebra del estado de bienestar, puesto que el comercio no sólo es un sector altamente intensivo en generación de puestos de trabajo y aportación a las arcas públicas vía impuestos, sino que contribuye de forma importante a la vertebración urbana, calidad de vida en el espacio público y dinamismo urbano. 

Ante esta situación extrema, el sector comercial necesita liquidez, y esto se consigue con acceso inmediato al crédito.  Lo que exige articular fórmulas de concesión automática (o semi automática) de acceso a la liquidez, minimizando la presión que el alud de peticiones pondrá sobre las estructuras de calificación de riesgo de los bancos, que pueden verse desbordadas en el corto plazo, y cuyos retrasos en la gestión de las peticiones de liquidez (vía ICO, ICF, etc.) pone en grave peligro el acceso inmediato a ésta de muchas empresas que actualmente no pueden afrontar sus costes fijos sin tener ningún tipo de ingreso. Sin acceso rápido y total al crédito, la situación  abocará automáticamente a la muerte empresarial, llevando a más de 2,3 millones de personas al desempleo (suponiendo en Catalunya la pérdida de 300.000 empleos).

Resulta también absolutamente necesario que el Gobierno de España -tal como ha acordado el Gobierno de Generalitat y otros gobiernos autonómicos- acuerde de forma inmediata la suspensión del pago de impuestos a fin de garantizar la supervivencia de las empresas tras la crisis y para evitar el deterioro total de la economía productiva. 

El sector empresarial del comercio, restauración y servicios recuerda que el coste de reconstrucción del tejido productivo será más alto que las ayudas que pueda sufragar el Gobierno en este corto periodo de tiempo.

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