PIMEC reclama una reforma profunda de la Seguridad Social, consensuada con los agentes sociales

• La entidad considera que la mayor parte de las medidas del RDL 28/2018 tiene una intención recaudatoria para mejorar los ingresos de la Seguridad Social. • La subida de las pensiones hace más necesaria que nunca una reforma profunda del sistema, que garantice su viabilidad. • La mejora de la protección de los autónomos que impulsa el RDL contrasta con el poco uso que hace este colectivo de las prestaciones públicas, según datos de PIMEC.

Barcelona, 14 de enero de 2019. Después de analizar el RDL 28/2018, aprobado recientemente por el Gobierno español, PIMEC observa una clara intención de búsqueda de ingresos inmediatos, motivada por la difícil situación de la Seguridad Social. La mayor parte de las medidas previstas se encaminan a mejorar la recaudación, como la suspensión de los “bonos” por menor siniestralidad laboral, la obligación de cotizar por prácticas laborales no remuneradas o la derogación de hasta 7 incentivos a la contratación.

Entre las medidas derogadas destacan los contratos de formación y aprendizaje con jóvenes de entre 25 y 30 años, el contrato indefinido de apoyo a emprendedores y la contratación indefinida de jóvenes por parte de microempresas y empresarios autónomos.

PIMEC no se muestra a favor de las bonificaciones singulares a la contratación, que generan distorsiones y discriminación entre empresas y personas trabajadoras, pero sin duda los contratos suprimidos podrían perjudicar a las pymes y al colectivo joven. La patronal sigue reclamando una reforma profunda del régimen de la Seguridad Social que permita rebajar de manera generalizada las cotizaciones sociales, acompañar la actividad económica y promover una diversificación de los ingresos del sistema a través de la recaudación fiscal. 

La subida prevista de las pensiones deja en suspenso las reformas de los últimos años (como la no actualización según el IPC y el Factor de Sostenibilidad), pero obliga más que nunca a afrontar esta reforma profunda del sistema, ante el envejecimiento demográfico y las nuevas formas de trabajo, caracterizadas por la intermitencia y la flexibilidad.

En este sentido, es inaplazable el debate sobre la posibilidad de financiar el sistema de protección social con recursos fiscales. No es sostenible que las crecientes prestaciones sociales sigan recayendo de forma exclusiva o principal sobre la tributación del trabajo. Así lo desaconsejan los organismos internacionales, puesto que castiga a la creación de empleo. 

Merecen especial atención las medidas del RDL 28/2018 en materia de autónomos. En primer lugar, se renuncia a regular la cotización parcial de aquellos autónomos que no trabajan a jornada completa, una decisión que encaja con el fin del decreto, pero que incumple un compromiso largamente reclamado y que afecta sobre todo a las mujeres autónomas. 

La cotización de los autónomos por accidentes laborales y por cese de actividad es obligatoria con el Decreto, con unas tarifas crecientes en los próximos años. A pesar de que no se trata de un coste prohibitivo para los empresarios y profesionales autónomos, PIMEC recuerda que este colectivo hace muy poco uso de los mecanismos de protección públicos y que, por lo tanto, a cambio de esta modificación convendría al menos facilitar su uso. De hecho, una reciente encuesta de PIMEC indica que solo un 8% de los autónomos se había acogido en 2018 a la baja por enfermedad común, a pesar de ser una cobertura incluida en la cotización, y que un 70% de los autónomos cuenta con seguro privado de salud. En cuanto al cese de actividad, conviene recordar que alrededor del 60% de las solicitudes presentadas por autónomos son rechazadas por las mutuas, según datos disponibles. 

Por lo tanto, hay que complementar las medidas propuestas con otras encaminadas a impulsar el uso de los mecanismos de protección públicos por parte de los autónomos y evitar que se pueda tener la impresión de que se trate de medidas que tienen un espíritu básicamente recaudatorio. En este sentido, PIMEC considera necesario consensuar también una reforma profunda y seria del Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) que está siendo debatida en el Congreso de los Diputados, para proporcionar un marco legal estable que impulse este colectivo de cara al futuro.

Sobre el RDL 26/2018 que afronta la actualización del régimen laboral de los artistas, que no ha sufrido prácticamente cambios desde 1985 y sitúa al sector en una incertidumbre impropia de un país particularmente creativo y donde las industrias culturales juegan un papel clave en la economía, PIMEC espera que se cumplan las disposiciones finales del RDL, otorgando la necesaria seguridad jurídica a los empresarios y profesionales de este sector.

 

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