PIMEC rechaza el decreto ley de aumento de los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades ya que es confiscatorio y desproporcionado

Critica que la improvisación del Ejecutivo penalice las pymes para poder cumplir con Europa.

Barcelona, ​​30 de septiembre de 2016. PIMEC considera que la medida relativa al adelanto de recaudación tributaria que pretende implementar el gobierno en funciones es una muestra más de la imprevisión que soportan las pymes, que conlleva nuevas cargas financieras y formales, y que pone de manifiesto el desconocimiento y desprecio hacia este colectivo, el más castigado por la crisis y que ya soporta una fuerte carga impositiva, incluso superior a la de las grandes empresas.

La medida es desleal, ya que pretende mejorar la tesorería de la Administración y disfrazar el déficit público, todo a cargo, entre otros, de más de 5.000 empresas catalanas, la gran mayoría pymes. Este perjuicio para las empresas, además, se produce sin margen de maniobra, ya que el primer pago se prevé en menos de 20 días desde su aprobación y afecta a muchas empresas que no deberían haber asumido este pago o hubieran hecho en una menor cuantía.

Aunque se habla de una medida dirigida a las grandes empresas, la patronal recuerda que el umbral fijado supone la afectación de medianas empresas y parte de las consideradas pequeñas por su estructura de personal y recursos. Este hecho demuestra un desconocimiento de la realidad en la que operan muchas de nuestras empresas, la gran mayoría pymes, y de su capacidad para hacer frente a unos cambios como los planteados.

Un adelanto tributario del 23% sobre el resultado contable puede ser lo suficientemente relevante para que las tensiones de tesorería y costes financieros sobrevenidos generen serias dificultades a unas empresas que ya operan con excesivas incertidumbres económicas y políticas. Especialmente cuando se trata de una medida aprobada con prisas para que sea de aplicación inmediata. Sin olvidar que los cálculos sobre el resultado contable pueden ser muy dispares respecto a las cantidades resultantes de trabajar con la base imponible. Esta situación conllevaría el incumplimiento del principio de capacidad económica de los contribuyentes.

Además, las cantidades tributadas en exceso no se recuperarán, en el mejor de los casos, hasta febrero de 2018, y este préstamo de las empresas a la administración no conlleva ningún tipo de interés que compense el agravio; mientras que si las empresas tienen que pedir financiación o aplazamiento impositivo, como parece inevitable, sí que tendrán que asumir costes financieros y algunas de ellas se pueden ver abocadas al cierre.

Es decir, la propuesta de pagos fraccionados con que el Ejecutivo pretende cuadrar sus cuentas es desleal con las empresas por su carácter confiscatorio y por la imposibilidad de haber previsto los costes sobrevenidos.

Por todo ello, PIMEC rechaza el real decreto aprobado por el actual ejecutivo en funciones y pide que no se incluyan las pymes en esta medida y que se tengan más en cuenta a la hora de legislar.

Documents descarregables: