PIMEC recela de un proyecto de Presupuestos del Estado expansivo en gasto corriente, injusto en inversiones y falto de reformas profundas

El proyecto persevera en la inversión en infraestructura ferroviaria y desatiende las necesidades de inversión relacionadas con las nuevas revoluciones tecnológicas, clave de la productividad futura.

Barcelona, 17 de abril del 2018. PIMEC ha realizado una primera valoración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018 presentado en el Congreso de los Diputados. Más allá de la actual incertidumbre sobre su aprobación, la patronal quiere destacar que considera que se trata de un presupuesto continuista que no aborda los principales retos de la economía para el futuro más inmediato.

El PGE prevé reducir el déficit presupuestario del 3,1% al 2,2%, un objetivo que la misma Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha considerado difícil de alcanzar. En general, las optimistas previsiones del PGE se fundamentan en la continuidad del crecimiento coyuntural, basado en la incorporación masiva de la población desde el paro, el dinamismo en las exportaciones y una fuerte inversión privada gracias a la generosa política monetaria. Aun así, no queda claro que el crecimiento se base en mejoras de productividad que garanticen la sostenibilidad a medio plazo.

Con todo, tal como ha anunciado la AIReF, un año más se incumple la ley de estabilidad en relación con la reducción del endeudamiento público, justo en un momento en que el cambio en la política monetaria comprometerá la sostenibilidad de las finanzas públicas de los próximos años. Las previsiones del PGE se verán afectadas por una subida de los tipos de interés en la Zona Euro al acabar el programa de compra de deuda del BCE, por la constante apreciación del euro, así como por la incertidumbre global y el proteccionismo creciente en grandes mercados como el de Estados Unidos y China, y en otros próximos como Argelia y Turquía. 

El PGE prevé un aumento de la inversión real del 15%, con más de 3.000 millones € destinados a líneas de alta velocidad (básicamente AVE, a pesar del conocido bajo retorno que tiene esta inversión), de los que sólo un tercio se destinan al Corredor Mediterráneo. Cataluña representaría el 13% de la inversión proyectada, aún por debajo de su peso económico y demográfico en el Estado. Adicionalmente, este énfasis en inversiones tradicionales hace que se desatienda la necesidad de abordar con decisión las inversiones relacionadas con las diferentes revoluciones tecnológicas que determinarán los incrementos de productividad de las economías del futuro (digitalización, robotización, inteligencia artificial, etc.). Ello es especialmente grave teniendo en cuenta las dificultades que el sector privado ha tenido para abordar estas inversiones, debido al gran esfuerzo en desendeudamiento privado que se ha visto obligado a hacer.

Continúa la tradición de no ejecutar las inversiones como variable para cuadrar el déficit. La inversión ejecutada en 2016 era aún más baja, el 9% del total en el caso de la Administración General del Estado, y el 6% en el caso de los organismos y agencias estatales. PIMEC sigue reclamando que se amplíen y que se haga efectiva la inversión estatal en Cataluña abordando obras clave en el territorio, actualmente paradas.

El aumento previsto de los ingresos fiscales por encima del 6% se combina con una subida de partidas de gasto corriente. Los sueldos de los funcionarios, por ejemplo, suben por encima de los que establecen los convenios colectivos del sector privado (1,7% frente a una media del 1,5%), sin que la evolución de los precios lo justifique. Además, el reciente Acuerdo con los sindicatos de la función pública vincula las futuras subidas salariales al crecimiento del PIB, de manera que, en el 2020, por ejemplo, los sueldos públicos podrían llegar a un aumento anual del 3%, cifra que difícilmente cubrirá la inflación. PIMEC considera que la remuneración de la administración pública debería estar más vinculada a su eficiencia y rendimiento.

De la misma manera, PIMEC encuentra acertada, en parte, la subida de las pensiones mínimas, pero echa en falta que el Gobierno del Estado impulse una profunda reforma del sistema de pensiones y de Seguridad Social en el marco del Pacto de Toledo. La patronal ha comparecido recientemente en el Congreso de los Diputados para exponer sus propuestas en relación con este tema.

En cuanto a la planificación energética hacia un modelo más descarbonizado, estos presupuestos no suponen ningún avance, no hay ningún indicio al respecto en la financiación de los costes históricos que recaen sobre el sistema eléctrico. Complementando esta información destaca que el presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital crece un 0,8% por debajo de la media y el presupuesto del IDEA -movilidad, eficiencia y sostenibilidad- se mantiene igual que en 2017 (50 millones). Así, se intuye que no hay un verdadero esfuerzo para reducir nuestra dependencia energética del petróleo, que este año alcanza los precios más altos desde 2014 y afecta de forma negativa a la competitividad de nuestra economía.

De la misma forma que las pensiones, la energía o la administración pública, sigue pendiente la reforma de la financiación autonómica, sobre la cual el Gobierno del Estado ya podría hacer una propuesta de partida, a pesar de las complejas circunstancias políticas actuales en Cataluña.

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