Medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno en los plazos concursales

18 Marzo 2020

El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, prevé, entre otras medidas mientras esté vigente el estado de alarma, la suspensión de plazos en la presentación de concurso de acreedores y la comunicación de negociaciones con acreedores para conseguir un acuerdo extrajudicial de pagos o para obtener adhesiones para un acuerdo de refinanciación.

Así, esta medida prevé lo siguiente:

• Limita a dos meses, una vez vencido el plazo de estado de alarma, el periodo para que cualquier acreedor pueda presentar concurso necesario.


Esta medida puede tener especial relevancia dada la situación en la cual se encuentra el país, debido a la crisis sanitaria.

Las pymes y los autónomos están desembocando en una situación de insolvencia como la recogida en la Ley Concursal, es decir, no poder atender al pago de obligaciones de forma regular a su vencimiento, circunstancia que puede ser actual o inminente.


La fractura que se está produciendo en las cadenas de pago según lo que preceptúa la Ley Concursal prevé que:

• El deudor tiene la obligación de presentar concurso de acreedores en el plazo de tres meses, con penalización de posible responsabilidad concursal.

• En caso de demora, si esta supone –por falta de diligencia– un incremento de la deuda o pasivo.

• Establece un plazo de tres meses para presentar el concurso, cuando se está negociando con acreedores y se ha comunicado al juzgado dichas negociaciones, previas a la presentación de concurso, como herramienta para evitarlo.

 

Por lo tanto, el artículo 43 del RDL establece la suspensión de estos plazos para la presentación del concurso, tanto si hay negociaciones previas como si no, y no solo en relación con la suspensión de los plazos procesales, sino también en coherencia con la situación actual.

Las situaciones de insolvencia que recoge la Ley Concursal, actualmente provocadas por la crisis sanitaria, responde a causas coyunturales y ajenas al propio deudor, o mejor dicho: quien involuntariamente no puede cumplir con las obligaciones de pago dentro de plazo, por lo que no se puede ver perjudicado por unos plazos establecidos para situaciones ordinarias.