Medidas con repercusión empresarial de la ley de garantía integral de la libertad sexual

23 Septiembre 2022

Recientemente, se ha publicado en el BOE la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, cuyo objetivo es prever y dar respuesta específica a las violencias sexuales. Del conjunto de medidas contenidas en la norma, a continuación se exponen aquellas con repercusión empresarial:

El artículo 12 de la presente ley establece obligaciones a las empresas en el ámbito de la prevención y la detección de violencias sexuales. Algunas de las obligaciones que la ley establece en materia empresarial son:

  • Promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
  • Arbitrar procedimientos específicos para la prevención y tratamiento de las denuncias o reclamaciones que puedan formular personas que hayan sido víctimas de estas conductas (incluyendo específicamente las sufridas en el ámbito digital).
  • Promover la sensibilización y ofrecer formación para la protección integral contra las violencias sexuales a todo el personal a su servicio.
  • Incluir en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados por trabajadoras, la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes, formando e informando de ello a las personas trabajadoras.

Además, la ley establece que las empresas podrán negociar con la representación de los trabajadores la adopción de medidas (como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas, protocolos de actuación o acciones de formación) de las que se podrán beneficiar toda la plantilla de la empresa independientemente de la forma de contratación laboral de que dispongan, las personas becarias y voluntariado y aquellas personas que presten sus servicios a través de contratos de puesta a disposición.

De acuerdo con el mismo artículo, las empresas que adecuen su estructura y normas de funcionamiento a lo establecido en la ley orgánica serán reconocidas con el distintivo “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”. Se publicará un Real Decreto que determinará el procedimiento y condiciones para la concesión, revisión periódica y retirada del distintivo, así como las facultades derivadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan.

El artículo 16 indica que las empresas integrarán la perspectiva de género en la organización de los espacios de sus centros de trabajo con el fin de que resulten seguros y accesibles para todo el personal.

Por otra parte, el artículo 38 de la presente ley reconoce derechos laborales y de Seguridad Social a las víctimas de violencias sexuales, como son:

  • ·En virtud del Estatuto de los Trabajadores:
    • Reducción o reordenación de su tiempo de trabajo.
    • Movilidad geográfica.
    • Cambio de centro de trabajo.
    • Adaptación de su puesto de trabajo y a los apoyos que precisen por razón de su discapacidad para su reincorporación.
    • Suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo.
    • La extinción del contrato de trabajo.
  • Las ausencias o faltas de puntualidad en el trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de las violencias sexuales se considerarán justificadas y serán remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda.
  • A las trabajadoras autónomas económicamente dependientes víctimas de violencias sexuales, les ofrece el derecho a la adaptación del horario, a interrumpir la actividad y a extinguir la relación contractual.
  • A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencias sexuales que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se las considerará en situación de cese temporal de la actividad, con suspensión de la obligación de cotizar durante un período de 6 meses, que se considerará como de cotización efectiva para las prestaciones de Seguridad Social. Durante esta situación la trabajadora estará asimilada al alta.

Además, la nueva regulación ofrece el derecho de una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para las empresas que formalicen contratos de interinidad con una persona desempleada para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia sexual que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercido su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo.

 

Más información: iruedas@pimec.org

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