Medidas para el colectivo de autónomos recogidas en el real decreto-ley 8/2020

18 Marzo 2020
Flexibilización del acceso al cese de actividad para que los autónomos puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica
 
El artículo 17 del RDL 8/2020 establece que para los afectados por la declaración del estado de alarma, “con carácter excepcional y vigencia limitada”, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas o cuando su facturación se vea reducida al menos en un 75% en relación a la media de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
 
a) Estar afiliado y dado de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el RETA o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores de Mar.
 
b) En el supuesto que su actividad no se vea directamente suspendida, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma, hay que acreditar la reducción de su facturación en al menos un 75%, en relación con la efectuada en el semestre anterior.
 
c) Estar al corriente de pago en las cuotas a la Seguridad Social. Sin embargo, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumple este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales, ingrese las cuotas pendientes. La regularización de este hecho, producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.
 
La cuantía de esta prestación, se determinará aplicando el 70% a la base reguladora, calculada en conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social. Cuando no se acredite el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será la equivalente al 70% de la base mínima de cotización en el RETA o el Régimen Especial de Trabajadores de Mar.
 
La prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de un mes, ampliándose, si se tercia, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se amplíe. El tiempo que dure esta percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad futuros. Aun así, la prestación será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.
 
Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por ser incluídos como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 27.
 
 
Creación de una línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos del COVID-19
 
El artículo 29 del Real Decreto recoge la aprobación de una línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades financieras para atender, entre otras cuestiones, las necesidades relativas a la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, u otras necesidades de liquidez. Además, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros.
 
 
Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO
 
El artículo 30 estipula la ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar los importes de las líneas ICO de financiación a empresas y autónomos. Así pues, se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto para el ICO en la Ley de Presupuestos del Estado, con el objetivo de facilitar liquidez extra a las empresas y los autónomos. Esta tarea se realizará mediante la intermediación de las entidades financieras tanto a corto plazo, como medio y largo plazo. El ICO adoptará las medidas que sean precisas, a través de sus órganos de decisión, para flexibilizar y ampliar la financiación disponible y mejorar el acceso al crédito de las empresas, preservando el necesario equilibrio financiero previsto en sus Estatutos.
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