Criterio de la Dirección General de Trabajo sobre Expedientes suspensivos y de reducción de jornada por el Covid-19

22 Marzo 2020

La Dirección General de Trabajo (DGT) ha publicado un Criterio que indica como a destinatarias a las Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas por considerar que es un asunto de interés común.

 

El Criterio dedica gran parte de su extensión a las medidas de fuerza mayor temporal, que define como un acontecimiento externo al círculo de la empresa e independiente de su voluntad que provoca de manera temporal y reversible interrupciones o pérdidas de actividad, imposibilitando las prestaciones básicas del contrato de trabajo.

 

En particular, trata de desarrollar los supuestos de fuerza mayor que tienen como denominador común que traen causa directa de la situación excepcional del Covid-19 en alguna de las siguientes situaciones, y cómo la empresa solicitante de la medida debe acreditarlas:

 

  1. La declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.

 

En estos casos la empresa debe acreditar que la interrupción o pérdida de actividad es consecuencia de la aplicación de las medidas de contención incluidas en el Real Decreto. Pudiendo ser total o parcial según afecte a toda la actividad de la empresa o a parte de ella.

 

A efectos de su acreditación, todas las actividades incluidas en el artículo 10 de R.D. 463/2020 y en su Anexo se consideran afectadas por fuerza mayor temporal.

 

  1. Decisiones adoptadas por las Autoridades competentes de las Administraciones Públicas vinculadas con el Covid-19.

 

Se trata de las medidas gubernativas anteriores al R.D. 463/2020 que quedan ratificadas por su Disposición adicional primera.

 

En estos casos y en función del contenido, alcance y efectos de la decisión gubernativa en concreto, la empresa ha de acreditar que constituye la causa de la interrupción o pérdida de actividad por la que se solicita la medida de suspensión de contratos o reducción de jornada.

 

  1. Situaciones urgentes o extraordinarias por contagio o aislamiento preventivo de la plantilla.

 

La empresa debe acreditar la decisión sanitaria correspondiente y el número de trabajadores afectados. Del Criterio se infiere que la afectación debe extenderse a un número de trabajadores del total de la plantilla que impida la continuación de la actividad en todo o en parte.

 

  1. Suspensión o cancelación de actividades.

 

Se debe acreditar la conexión causal entre la suspensión o cancelación decretada gubernativamente y la interrupción o pérdida de actividad. Teniendo en cuenta los distintos supuestos previstos en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo. Así como en las disposiciones gubernativas del Ministerio de Sanidad, como la Orden SND/257/2020 de 19 de marzo.

 

En cuanto al alcance temporal de las medidas, el Criterio las limita a “la concurrencia de la fuerza mayor de la que trae su causa”, enunciando dos previsiones:

 

  • Durante el tiempo de declaración del estado de alarma y las prórrogas que pudieran acordarse.
  • O mientras persistan las circunstancias graves y extraordinarias constitutivas de la fuerza mayor.

 

Se precisa, en cuanto al alcance personal de las medidas, que éstas sólo se aplicarán a aquellos contratos de trabajo directamente vinculados con la interrupción o pérdida de actividad. Por lo tanto, pueden no afectar a la totalidad de la plantilla y en caso de afectación parcial deben ser proporcionadas al volumen de actividad perdida o de imposible realización.

 

Para el personal de contratas se establece que cuando la fuerza mayor temporal afecte a la empresa principal, sólo se podrá afectar a aquellos trabajadores de la contratista adscritos de manera permanente y habitual al servicio o centro objeto de la contrata y en la medida en que la actividad se vea alterada.

 

El Criterio hace una serie de aclaraciones en materia de competencia y del procedimiento administrativo aplicable para la constatación de la situación de fuerza mayor temporal:

 

  • Se establece que en todo caso es necesaria la previa autorización de la Autoridad Laboral, a la que corresponde constatar la existencia de la fuerza mayor.

 

  • Por autoridad laboral competente se entiende la prevista con carácter general en el artículo 25 del Real Decreto 1483/2012.

 

  • La declaración del estado de alarma no interrumpe los plazos administrativos de tramitación de los ERTEs regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-Ley 8/2020.

 

  • Las especialidades de tramitación reguladas en el Real Decreto-Ley 8/2020 no se aplican a los expedientes iniciados o comunicados antes del 18 de marzo de 2020, fecha de su entrada en vigor.

 

  • Las empresas deberán comprometerse a mantener el empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.

 

Finalmente, con relación a los expedientes de suspensión o reducción de jornada por causas económicas y/o productivas, derivadas de manera directa del Covid-19, se señala que las empresas podrán adoptar dichas medidas cuando no fuese posible la adopción de otras medidas de ajuste alternativo o éstas fuesen insuficientes.

Para más información puede consultar la página web PIMEC específica sobre el coronavirus o llamar al 936 061 500 (si no sois socios) o el 93 496 45 00 (si sois socios).