El Consejo y el Parlamento Europeo llegan a un acuerdo para ampliar el uso de herramientas digitales en el derecho societario europeo

25 Marzo 2024
Reducción de la burocracia de las empresas transfronterizas

El pasado 13 de marzo, el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo provisional sobre la Directiva destinada a ampliar y aumentar el uso de herramientas y procesos digitales en el ámbito del derecho societario COM (2023) 177 final.

La propuesta de Directiva tiene como objetivos facilitar las actividades transfronterizas de las empresas y aumentar la transparencia y la confianza en materia societaria, ofreciendo al público más información sobre las empresas en el ámbito de la UE, así como reducir la burocracia para las empresas transfronterizas.
 
Para reducir la burocracia y aligerar la carga administrativa, la norma propuesta contempla:
• La aplicación del principio “una sola vez”: de modo que las empresas solo tengan que presentar una vez la información al crear una sucursal o una empresa en otro Estado miembro.
• Un certificado de sociedad de la UE: con un conjunto de información sobre las empresas, que estará disponible en todas las lenguas de la UE.
• Un modelo estándar multilingüe de poder de representación digital en la UE que autorice a una persona a representar a la empresa en otro Estado miembro.
• La supresión de trámites como la necesidad de una apostilla o traducciones juradas de documentos de la empresa.
 
Por otra parte, para garantizar una mejor transparencia y confianza en las empresas transfronterizas, la norma propuesta pretende:
• Asegurar que se ofrezca al público información relevante sobre las empresas en el ámbito de la UE, así como facilitar su búsqueda, a través del sistema BRIS (Business Registers Interconnection System).
• Garantizar que los datos de las sociedades en los registros mercantiles sean exactos, fidedignos y actualizados mediante controles de la información societaria.
 
Próximos pasos: la propuesta acordada entre las dos instituciones se debatirá durante las próximas semanas tanto en el Parlamento como en el Consejo y se procederá a su votación definitiva. Una vez aprobadas, los Estados miembros dispondrán de un plazo de dos años para su transposición a su ordenamiento jurídico nacional.
 
 
Más información: ggil@pimec.org

 

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